En España Solbes destapó el pufo de los sellos

Por primera vez, Afinsa compareció ante los medios de comunicación de manera oficial, curiosamente sólo una hora antes de que el juez Santiago Pedraz anunciara la puesta en libertad de los detenidos por la presunta estafa de la sociedad filatélica. La noticia la vivieron los periodistas en vivo y en directo. Al concluir la citada rueda de prensa, el que fuera jefe de los servicios jurídicos de la empresa y uno de los abogados de los cuatro directivos de la compañía, José Luis Plaza, recibió un sms en su teléfono móvil que arrancó los aplausos de los empleados congregados. «¡Una bomba! ¡Los dejan en libertad sin fianza!», dijo.

Fue la guinda de una comparecencia en la que Plaza lanzó duras críticas contra la manera de actuar del juez y de la inspectora jefe del equipo 16 de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, María Teresa Yábar, además de dejar claro que Afinsa «no tiene nada que ver» con Francisco Guijarro, el que fuese su único proveedor de sellos durante seis años.

«La intervención de la compañía ha sido desproporcionada». «La Agencia Tributaria nunca discutió la naturaleza jurídica de la sociedad. No se sabe dónde está el agujero de la compañía. No se puede intervenir una empresa en base a datos históricos». Éstas fueron algunas de las acusaciones lanzadas por el abogado de Afinsa, quien apuntó también que los directivos puestos en libertad «tienen mucho que decir».

Su insistencia recaló, sobre todo, en defender que la empresa es de naturaleza mercantil y no financiera. En este sentido, matizó que, en caso de serlo, el Estado le debería a Afinsa en torno a 20.000 millones de las antiguas pesetas (120 millones de euros) en concepto de un IVA abonado en los últimos cuatro años y que no pagan las entidades financieras. La sociedad de inversión filatélica cuenta con un capital social de 45 millones de euros, superior al de las compañías financieras, y con dotaciones para reservas cercanas a las de los bancos.

El Banco de España también saltó a escena. El abogado de Afinsa destacó la «estrecha relación» que la empresa tenía con este organismo en materia de blanqueo de capitales y explicó que siempre se le ha informado de todas las operaciones que mandaba la ley.

Afinsa «no es insolvente, ni estafadora». Plaza documentó al detalle esta afirmación. La compañía contaba en la víspera de la intervención judicial con un patrimonio estimado de 1.015,43 millones de euros, frente a los 1.105,9 millones de déficit patrimonial en 2004 que se le atribuyen en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Los activos financieros a corto plazo eran de 182,57 millones de euros, los activos inmobiliarios superaban los 113 millones de euros, y el grupo Escala Group, donde Afinsa participa en un 68% del accionariado, tenía un valor de 481,67 millones de euros.

El abogado también citó otros recursos de la compañía, como 11,8 millones de euros en fondos AGE, 91 millones de euros en cuentas de UBS España, 61,8 millones de euros en el fondo Goldman Sachs y ocho millones de euros en otros fondos. «Esas eran las escalofriantes cifras de la insolvencia de Afinsa», sentenció con ironía.

Para sorpresa de todos los presentes, José Luis Plaza destacó que la sobrevaloración de la que se le acusa a la empresa es «falsa». «El valor de los sellos corresponde a los valores de los catálogos de prestigio», afirmó, «además, la adjudicación está hecha a precios de catálogo y contratada a partir de expertos internacionales elegidos por la SEC [organismo de control de los mercados bursátiles en Estados Unidos]».

Desde Luxemburgo, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, salía al paso de las declaraciones de los abogados de Afinsa. Solbes restó importancia a los críticas del letrado de la empresa filatélica sobre la actuación de la Fiscalía por la supuesta estafa. En opinión del vicepresidente, las cosas «se han hecho bien».

Preguntado por una valoración sobre la puesta en libertad sin fianza de los cuatro directivos y el proveedor de sellos, Solbes aseguró que «la Agencia Tributaria llevó a cabo su trabajo de acuerdo con la mejor información disponible», y que la Fiscalía Anticorrupción ha contado con tiempo suficiente desde que se le comunicó en julio del pasado año.

«La Fiscalía considera que los elementos que se incluyen son suficientes para llevar a cabo esta actuación, por tanto, tiempo para analizar el problema y para tomar la decisión ha habido y para hacerlo bien». En este sentido, insistió, «yo estoy seguro que se ha hecho bien». Respecto a las críticas de que fue una intervención prematura, el vicepresidente recordó que «estas acciones se adoptan de la noche a la mañana» porque «es la única forma de hacerlo».

El máximo responsable de la Agencia Tributaria también rechazó que haya sido una intervención alarmista porque, aseguraba, «yo creo que si está todo en orden no habrá ninguna alarma, si tienen capacidad para hacer frente a las obligaciones que tienen adquiridas no habrá ninguna alarma».